El compromiso político del laico frente a las elecciones

La participación en el discernimiento político sobre el bien común es un derecho de todos los ciudadanos (o al menos debería serlo). Y no sólo eso: el aporte para la construcción de la casa común, la urgente necesidad de poner en común la visión de cada uno y, en algunos casos, una colaboración más activa a favor del desarrollo, de la superación de heridas históricas, de la encarnación de un estilo de vida solidario, en fin, de una correcta definición de las prioridades sociales, no sólo es un derecho sino también una obligación para todos. A nadie le es lícito permanecer ajeno e indiferente cuando se trata de definir estas cuestiones, sobre todo en momentos en que la amistad social pareciera tambalear y resulta difícil diferenciar los problemas y logros reales de intereses partidarios o corporativos.

Pero debemos también ser conscientes de que hoy la vida social se ha hecho mucho más compleja: la información no llega a todos y, si bien puede estar disponible en algún lado, se debe atravesar una maraña de conceptos técnicos y de presupuestos desconocidos para gran parte de los ciudadanos comunes, a fin de tener una comprensión algo más acabada de los procesos nacionales e internacionales.

Durante mucho tiempo, las cuestiones de la vida y la familia dividieron agua para los católicos a la hora de votar. Baste recordar las “cuestiones no negociables” del Papa Benedicto XVI en el número 85 de la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis (2007): el respeto y la defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural, la familia fundada en el matrimonio entre varón y mujer, la libertad de educación de los hijos y la promoción del bien común en todas sus formas.

Quizás hace unos años era más fácil que ahora clasificar a los candidatos en torno a estos principios. Hoy parece más complicado, porque estas cuestiones son aceptadas o “negociadas” por casi todos, incluso por quienes que apelan al voto de los católicos. O nos encontramos con políticos que sostienen y defienden estos principios, pero llevan a cabo otro tipo de políticas que también ignoran el valor sagrado de la vida humana, aunque en otros ámbitos.

Y también -debemos decirlo- en el seno de la misma Iglesia no siempre hay claridad y adecuada formación en estos temas; más bien se observa un preocupante avance de las presiones de determinados grupos y de un estilo de vida superficial que nos domina hoy culturalmente, datos ambos que erosionen cada vez más las convicciones de muchos cristianos.

Otros temas -morales también- comienzan a cobrar relevancia a la hora de elegir. A la cabeza de ellos se encuentra, por supuesto, la corrupción. Pero también la pobreza que persiste, la marginación de muchos, la falta de trabajo, la fractura social. En todos ellos se juega la promoción del bien común. Sin embargo, su naturaleza es tal que intervienen aspectos técnicos, políticas públicas sociales y económicas por los cuales se opta, o que son descartadas. El resultado es que muchas veces uno parece estar votando “a ciegas”: no sabemos -no podemos saber- qué política o medida es la mejor y, por lo tanto, se impone la confianza o desconfianza en el candidato y la reserva del derecho a juzgar según resultados medibles. Influye mucho también una larga historia de compromisos políticos dudosos -cuando no francamente oportunistas- para con el bien común.

Entendamos entonces que, frente a este complejo panorama, se hace necesario más que nunca alentar el compromiso de los laicos, así como respetar su derecho a buscar, con todo nuestro leal saber y entender, las opciones que creamos encarnan mejor la concreción del bien de todos. Nos podemos equivocar (tantas veces lo hemos hecho…); sin embargo, votar no es algo que podamos hacer automáticamente, ni tampoco siguiendo acríticamente indicaciones proféticas o mesiánicas de terceros, sean quienes sean. Las cosas no son tan simples.

Hoy se hacen más actuales que nunca las palabras del Concilio en el número 43 de Gaudium et Spes, refiriéndose a los laicos: “muchas veces sucederá que la propia concepción cristiana de la vida les inclinará en ciertos casos a elegir una determinada solución. Pero podrá suceder, como sucede frecuentemente y con todo derecho, que otros fieles, guiados por una no menor sinceridad, juzguen del mismo asunto de distinta manera. En estos casos de soluciones divergentes aun al margen de la intención de ambas partes, muchos tienen fácilmente a vincular su solución con el mensaje evangélico. Entiendan todos que en tales casos a nadie le está permitido reivindicar en exclusiva a favor de su parecer la autoridad de la Iglesia”. En cuanto a los sacerdotes, el mismo número previene a los laicos de pensar que “sus pastores están siempre en condiciones de poderles dar inmediatamente solución concreta en todas las cuestiones, aun graves, que surjan. No es ésta su misión. Cumplen más bien los laicos su propia función con la luz de la sabiduría cristiana y con la observancia atenta de la doctrina del Magisterio”.

Estamos frente a uno de los ámbitos de autonomía y mayor responsabilidad del laico; ese ámbito que inspiró al mismo derecho canónico a exigir para ellos “que se les reconozca en los asuntos terrenos aquella libertad que compete a todos los ciudadanos”. Con un límite, de naturaleza tal que responderán los mismos laicos en caso de traspasarlo: “al usar de esa libertad, han de cuidar de que sus acciones estén inspiradas por el espíritu evangélico, y han de prestar atención a la doctrina propuesta por el magisterio de la Iglesia, evitando a la vez presentar como doctrina de la Iglesia su propio criterio, en materias opinables” (CIC, c. 227).

Importante discernimiento y enorme compromiso que la Iglesia pone en nuestras manos.

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Inés Franck

Abogada. Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Especialista en Doctrina Social de la Iglesia. Profesora en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad de Buenos Aires.