Educación religiosa en Salta

Resumen de argumentos a favor y en contra.

Terminaron las audiencias públicas convocadas por la Corte Suprema en la causa en la que se discute la constitucionalidad de las normas que regulan la educación religiosa en las escuelas públicas de Salta (Constitución y ley 7645). Y mientras esperamos la sentencia del Tribunal, podemos hacer un balance de lo que ha dejado este interesante e importante debate institucional.

Por lo pronto, se verificó una activa participación de distintos sectores de la sociedad, totalizando 53 presentaciones de personas humanas o jurídicas como “amigos del Tribunal”, en porciones bastante parejas en cuanto a las posiciones. Estos mismos “amigos” expusieron durante tres audiencias (16, 17 y 30 de agosto de 2017). El 31 de agosto fue el tiempo de exposición para las partes y terceros interesados en la causa.

Federalismo y margen de apreciación provincial: uno de los argumentos constitucionales más sólidos en favor de la vigencia de las normas salteñas es el referido al federalismo. Con fundamento en los artículos 5 y 75 inciso 19 de la Constitución Nacional, se deben respetar las normas provinciales de organización de la educación, sin imponer uniformidades centralistas, garantizando a las provincias un margen de apreciación local para tener en cuenta la idiosincrasia y notas culturales propias.

Derechos humanos: Los argumentos centrales estuvieron concentrados en la interpretación de las normas de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que se refieren a la educación religiosa de los niños. En efecto, la Constitución de Salta sigue casi al pie de la letra a varios Tratados con jerarquía constitucional que expresamente mencionan el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones. En ese sentido, parece difícil sostener que una Constitución provincial sea inconstitucional cuando recurre a fórmulas que la propia Constitución Nacional reconoce.

Los derechos del niño: Otro eje del debate estuvo centrado en el argumento de que la educación religiosa afectaría la autonomía progresiva de los niños. Aquí estuvo en juego la interpretación del artículo 14 de la Convención sobre los Derechos de los Niños que señala el “derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión” y dispone que los Estados Partes “respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades”. La discrepancia se planteó en la forma de interpretar el rol de los padres. Para una postura, los padres deberían abstenerse de realizar todo acto que pudiera significar condicionar al niño en materia religiosa. Por nuestra parte, criticamos esta forma de concebir al niño y sostuvimos que hay que procurar un adecuado balance entre la facultad de guía, educación y la autoridad de los padres, y el crecimiento y maduración del niño. Entender al niño como una hoja en blanco que no puede recibir nada de sus padres, es asumir una visión individualista extrema, que recorta al niño de sus vínculos más constitutivos y fundamentales. En el fondo, es casi una apropiación estatal de los niños que desconocería que la familia es el elemento natural y primario en que se transmite la vida y que los padres son los primeros responsables de la educación de su hijo. El Estado no puede estar sospechando de los padres y pretender conocer mejor que ellos qué es lo mejor para su hijo.

¿Discriminación? Otro de los argumentos alegados en contra de las normas salteñas consiste en afirmar que los niños cuyos padres prefieren que no reciban ninguna educación religiosa resultan en los hechos discriminados, pues se ven excluidos de ese espacio de enseñanza. Al respecto, se refutó este argumento explicando cómo las normas salteñas disponen que se contemplen programas alternativos para tales niños. A su vez, si se hiciera lugar a la demanda y se prohibiera la educación religiosa en las escuelas, se produciría una discriminación de los más pobres y vulnerables, que no podrían recibir educación religiosa en escuelas de gestión privada y se verían privados de esa importante dimensión de la formación de la personalidad.

Las categorías sospechosas y las minorías: en línea con el argumento anterior, se afirmó que en los lugares donde hay preponderancia fuerte del factor religioso, hay que ser más estrictos al cuidar a las minorías. Además, esas minorías religiosas están protegidas por las llamadas “categorías sospechosas” en materia de discriminación, de tal forma que cuando una normativa pone en riesgo derecho de esas minorías, se presume una discriminación y estando en cabeza del que alega la validez de la norma probar que no hay tal discriminación. Al respecto, en general todos se expresaron por la necesidad de un cuidadoso respeto por esas familias que no querían recibir la educación religiosa, pero también se puso de relieve que ello no podía significar privar a los restantes niños de su derecho a recibir educación religiosa. Por otra parte, la argumentación de las categorías sospechosas abre varios frentes de discusión y controversia en el plano iusfilosófico y constitucional.

El problema de la implementación: otras críticas se dirigieron hacia la forma en que es implementada la educación religiosa en las escuelas públicas y señalaron que las normas salteñas deben ser invalidadas por esas fallas en su implementación. Ahora bien, eso contradice anteriores fallos de la Corte Suprema en que se señala que la inconstitucionalidad no puede surgir por la forma de implementar una norma, sino de la norma misma. Si hubiera problemas de implementación, no hay que anular las normas, sino mejorar las prácticas que se realizan en las escuelas.

La privacidad sobre la religión: en conexión con el problema de la implementación, otra objeción a las normas salteñas señala que al preguntársele a los padres si quieren o no que sus hijos reciban educación religiosa, ellos se ven forzados a revelar información sensible sobre sus convicciones religiosas. Al respecto, con razón se ha alegado que ello no es así y se han puesto distintos ejemplos (como el de Jean Jaures), de personas ateas o agnósticas que eligieron para sus hijos educación religiosa por múltiples motivos. Y otros casos de padres creyentes que optaron porque sus hijos no reciban esa educación. Además, la consulta se realiza en forma discreta y apunta a la realización de una opción pedagógica y no constituye una manifestación de las creencias.

La religión sospechada: algunos escritos señalaron que enseñar religión sería contrario al derecho de los niños a aprender y a tener un sentido crítico, pues la religión sería dogmática y contraria a la ciencia. Tales posturas se basan en prejuicios contra las religiones y en particular contra la religión católica. Numerosos son los testimonios de científicos que han surgido de las filas de personas creyentes. Y la cuestión de la relación entre fe y ciencia ha sido objeto de profundos desarrollos en el campo de la Iglesia Católica, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II y el gran Magisterio de san Juan Pablo II y Benedicto XVI. Pero sobre todo estaríamos ante un inadmisible reduccionismo antropológico, que ignora que la dimensión espiritual y religiosa es parte constitutiva de la existencia humana. La misma Convención sobre los Derechos del Niño en distintos artículos se refiere a la religión como parte fundamental de la identidad de los niños (cfr. arts. 14, 20 y 29).

La relación Iglesia y Estado: el telón de fondo de muchas intervenciones fue el referido a la relación entre Iglesia y Estado. En este sentido, mientras que algunos bregaron por un laicismo que niega toda posibilidad de presencia de lo religioso en lo público, las voces a favor de las normas salteñas plantearon una “laicidad positiva” que reconociendo la distinción entre Iglesia y Estado, favorezca la complementariedad y la colaboración y permita a las personas ejercer sus distintas opciones en relación al hecho religioso. Se han recordado importantes discursos del Papa Francisco sobre este punto, en continuidad con enseñanzas de Benedicto XVI.

Otras discusiones: algunos plantearon que la provincia de Salta debía respetar la ley 1420 y por tanto la educación religiosa debía darse fuera del horario de clases. Sin embargo, otros explicaron que esa ley estaba derogada y que además era una norma nacional a la que la provincia de Salta nunca se había adherido. También se utilizaron las audiencias públicas para otros planteos, como las críticas al gobierno por el proyecto de ley de libertad religiosa, o la crítica a una experiencia sobre educación religiosa en las escuelas de los años 1940-1950.

Esperamos que la Corte Suprema dicte una sentencia que no sólo respete la autonomía provincial en materia educativa, sino que también garantice a todos los padres el derecho de educar a sus hijos conforme a sus convicciones, tanto a los que no desean recibir enseñanza religiosa en las escuelas públicas, como a los que sí lo desean.

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Nicolás Lafferriere

Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas. Profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Católica Argentina.