El nuevo Motu Propio sobre las nulidades matrimoniales

A partir del 8 de diciembre próximo comenzará a regir una modificación del Código de Derecho Canónico en cuanto a las nulidades matrimoniales. El Papa Francisco, a través del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus acaba de reformar veinte cánones (del 1671 al 1691) del Código de Derecho Canónico de 1983 sobre estos procesos.

La reforma es también fruto del trabajo de una comisión de canonistas convocados al efecto por el Pontífice, que desde hace varios meses viene deliberando a fin de encontrar la manera de que volver más accesibles las declaraciones de nulidades matrimoniales, valorando en primer lugar el sacramento del matrimonio y buscando siempre la verdad más allá de los procesos.

Una lectura y síntesis textuales de los cánones reformados da cuenta de las principales definiciones del Motu Proprio, entre las cuales se cuentan las siguientes:

El Obispo, juez de primera instancia. En cada diócesis el Obispo es el juez de primera instancia para las causas de nulidad del matrimonio. Puede ejercer esta potestad personalmente o por medio de otro, según establece el derecho. Para estas causas el Obispo debe constituir en su diócesis un tribunal diocesano, o bien puede optar por acceder a un tribunal diocesano o interdiocesano vecino. Las causas de nulidades matrimoniales se reservan a un colegio de tres jueces, que debe estar presidido por un juez que debe ser clérigo. Si el Obispo no pudiera constituir este tribunal colegiado en su diócesis puede confiar estas causas a un juez único que sea clérigo, asesorado por dos expertos aprobados por él mismo. Del tribunal de primera instancia se apela al tribunal metropolitano de segunda instancia, el cual debe ser siempre colegiado (c. 1673). Antes de aceptar la causa, el juez de primera instancia debe tener la certeza de que el matrimonio haya fracasado irreparablemente, de modo que sea imposible restablecer la convivencia conyugal (c. 1675).

El “proceso más breve”. Al recibir un escrito de demanda o libelo, el Vicario judicial, luego de notificar al defensor del vínculo y a la parte convenida y de darles un tiempo (15 días) para expresar su posición, determina la fórmula de dudas y establece si la causa debe tratarse con el proceso ordinario o con el proceso más breve de los cánones 1683-1687. En el primer caso, el Vicario debe disponer la constitución del colegio de jueces o del juez único con los dos asesores. En el segundo caso, debe proceder como lo indican los nuevos cánones sobre los procesos más breves (c. 1676).

En efecto, los cánones 1683-1687 reformados establecen un “proceso matrimonial más breve delante del Obispo”. Es el Obispo quien debe juzgar las causas de nulidad matrimoniales con este proceso, siempre que la demanda se haya interpuesto por parte de ambos cónyuges o por uno de ellos con el consenso del otro, o cuando existan circunstancias de hechos y de personas que manifiesten claramente la nulidad, sostenidas por testimonios o documentos que no requieran una investigación o instrucción más profunda (c. 1683). Este proceso más breve se introduce con un libelo en el cual se exponga breve, integral y claramente los hechos sobre los cuales se funda la demanda, indicándose las pruebas que puedan ser inmediatamente recogidas por el juez y exhibiendo los documentos sobre los que se funda la demanda (c. 1684). En el mismo decreto con el que determina la fórmula de dudas, el Vicario Judicial debe nombrar al instructor y los asesores, y citar a todos los involucrados para una sesión que se celebrará en no más de treinta días (c. 1685). El instructor debe, en la medida de lo posible, recoger todas las pruebas en una sola sesión y fijar un plazo de quince días para presentar observaciones a favor del vínculo o de la defensa de las partes (c. 1686). Al recibir las actas, si el Obispo diocesano alcanza certeza moral sobre la nulidad del matrimonio, debe dictar la sentencia que así lo establezca. Si no, debe remitir la causa para que sea tratada con el proceso ordinario. Contra esta sentencia del Obispo puede apelarse al Obispo Metropolitano o a la Rota Romana. Si se trata de una sentencia emitida por el Metropolitano, la apelación corresponde presentarla ante el sufragáneo más antiguo. Contra la sentencia de otro Obispo que no posee una autoridad superior bajo el Papa, se apela al Obispo designado para esos casos. Si la apelación es admitida, debe remitirse la causa a examen ordinario de segundo grado (c. 1687).

La Nota procedimental con la que culmina el Moto Proprio enumera algunas circunstancias que pueden admitir el tratamiento de las causas de nulidad matrimoniales por medio del proceso más breve: “aquella falta de fe que puede generar la simulación del consenso o el error que determina la voluntad, la brevedad de la convivencia conyugal, el aborto procurado para impedir la procreación, la permanencia obstinada en una relación extramatrimonial al momento de las nupcias o en un tiempo inmediatamente sucesivo, el ocultamiento doloso de la esterilidad o de una grave enfermedad contagiosa o de hijos nacidos de una relación precedente o de un encarcelamiento, la causa del matrimonio totalmente extraña a la vida conyugal o consistente en el embarazo imprevisto de la mujer, la violencia física inferida para obligar al consentimiento, la falta de uso de razón médicamente comprobada, etc.”.

Ejecutividad de la sentencia de nulidad en primera instancia. La sentencia que en primera instancia ha declarado la nulidad del matrimonio se vuelve ejecutiva (c. 1679), es decir que ya no se requiere la doble sentencia conforme para reconocer la nulidad. La parte que se considere perjudicada, así como el promotor de justicia y el defensor del vínculo, pueden interponer querella de nulidad de la sentencia o apelarla. Si la apelación es admitida, se debe proceder del mismo modo que en primera instancia, con las debidas adaptaciones (c. 1680).

Sobre el valor de algunas pruebas testimoniales. El Moto Proprio establece que las confesiones judiciales y las declaraciones de las partes, apoyadas por eventuales testigos de credibilidad de las mismas, pueden tener valor de plena prueba, según lo que valore el juez. Asimismo, la deposición de un solo testigo puede hacer fe plena si se trata de un testigo cualificado (c. 1678).

La gratuidad de los procesos. El texto del Motu Proprio exhorta además a las Conferencias Episcopales a que, salvada la “justa y digna retribución de los operadores del tribunal, puedan asegurar la gratuidad del procedimiento”.

Entradas relacionadas

Inés Franck

Abogada. Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Especialista en Doctrina Social de la Iglesia. Profesora en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad de Buenos Aires.